miércoles, 14 de marzo de 2012

Prometeo. Proyecto.

"El hipertexto es la célula de este meta-organismo ajeno que somos y que nos configura mientras nos deshace". Om.

Proyecto PROMETEO.

Transparencia, Organización y Participación Política. (TOPP)

1. La idea.

Esta es una propuesta de utilización sistemática de la Ley 20.285 de Transparencia y acceso a la información de la administración del Estado, para hacer seguimiento y gestión, de Política Pública. Información relevante seleccionada según criterios de análisis estratégico y obtenida a través de los mecanismos, procedimientos y plazos de acceso a la información pública, contemplados en el citado cuerpo normativo, serán dispuestos en una web pública, para generar una forma activa y sistemática de participación y comunicaciones sobre temas determinados, permitiendo un proceso de retroalimentación entre el gobierno y la ciudadanía. Se construiría así, por primera vez y de manera piloto, un “gobierno participativo”, aportando un interesante nuevo componente a la gobernanza, dentro del espíritu de la ley.

Genéricamente, esto se puede (y muy probablemente se debiera), llevar a cabo desde cualquier ámbito organizado de la sociedad civil: Universidades, ONG, empresas, etc., debiendo cada sector específico de actividad, imprimir el sello de su orientación. Hacerlo desde una agrupación política, por ejemplo, permite que la ciudadanía la identifique con la probidad de la función pública y preparar a sus equipos al conocimiento de los procedimientos y formas de operación de la administración pública, situando al partido en una interesante posición de mediador entre gobierno y ciudadanía, a la vez que se dota a sus cuadros, de un acerbo de hechos de política real.

De alguna manera, establecemos un símil de resonancia con fases cualitativas del desarrollo de la web al cual, de todas maneras, la Transparencia Activa, pertenece. Si una primera etapa de internet es la “lectura”, es decir, tener acceso a información institucional de la organización, dispuesta en su sitio web, y –en el caso del gobierno-, ser debidamente informado de los resultados de la administración, ahora se trata de “leer y escribir”, o incidir activamente en la toma de decisiones, pasando a tener un rol directamente activo en tanto creadores de contenido. La transparencia deviene así social.

2. De la forma al contenido: la transparencia como instrumento decisional.

De varias maneras se prefigura hoy una relación distinta entre las personas y las sociedades. Las instituciones, sometidas a distintas presiones de descrédito y funcionamiento, parecen enfrentadas a la disyuntiva de transformarse o morir. Y nuevas herramientas de captura y procesamiento de las comunicaciones, se masifican día a día, convirtiendo al receptor tradicional, en un sujeto activo que participa y genera contenidos.

La así llamada sociedad del conocimiento -básicamente para dar cuenta del fin de la sociedad de la información y su nueva fase del proceso capitalista global-, ha sido caracterizada por la Unesco, como orientada hacia el desarrollo, centrada en las personas y colaborativa. Las relaciones entre seres humanos, mediadas por la tecnología, han ido adoleciendo recientemente, de la compleja incertidumbre que plantea la doble condición de control y aprendizaje que incuba su esencia.

En estas condiciones, la ciudadanía no se contenta ya con poseer información adecuada y pertinente, sino que la exige, como paso hacia un mayor y efectivo poder de decisión sobre los temas que le conciernen, instalando una nueva perspectiva en la gestión política.

Las tendencias hacia la preservación de los sistemas, han visto en todo el mundo, y de manera creciente en los últimos años, la puesta en marcha de una serie de procesos y herramientas que pretenden adecuar las nuevas relaciones entre gobiernos y ciudadanos a esta nueva realidad.

3. Ley de Transparencia.

La más importante de ellas -y al mismo tiempo la más reciente-, es el conjunto de procedimientos normativos aplicado en los órganos de la administración pública y los servicios del Estado, conocida como Ley de Transparencia y acceso a la información, en Chile ley 20.285.

En efecto, la transparencia y la probidad son internacionalmente reconocidas como centrales para la profundización de la democracia, la confianza en las instituciones y el desarrollo económico. Así, hasta ahora 88 países han aprobado leyes de transparencia de la función pública, y varios, han incorporado también sus principios en la Carta Magna. Es el caso de nuestro país, dónde la Constitución del 2005, le dedica el Artículo VIII. Para destacar la importancia y continuidad de esta política hacia la Transparencia en el Estado chileno, recordaremos el decreto Ley (del 4 de diciembre del 2006, del Gobierno Transparente) y la ley 20.285, que entra en vigencia plena e implementación en Abril del 2009.

La Ley 20.285, está indisociablemente relacionada con el e-gov y con las nuevas tecnologías de información y comunicación que la sustentan. Particularmente, con internet, ambiente requerido para las plataformas de publicación de la información. Manifestación como la que más, representativa de la cultura, la política, acusa crecientemente el impacto de la masificación de las TIC´s. Las relaciones humanas -es decir la cultura- se convierten en una nueva red de significados, cuyas dinámicas generan constantemente nuevos contenidos y saberes, con nuevos formatos digitales. Una ciudadanía activa, que crea contenidos y que manifiesta constantemente nuevos saberes individuales y grupales, podría apreciar una plataforma tecnológica que le fuera permitiendo participación real en la toma de decisiones, desplazando a las elites, especializadas en la toma de decisiones, sin representatividad, ni “transparencia”.

Si bien desde su implementación, la ley 20.285 ha significado la obligatoreidad para los órganos de la administración, de publicar mensualmente, lo que ocurre en los servicios, de acuerdo a las 14 letras o elementos en que el cuerpo normativo divide el “todo”, señalado, para disponerlo al alcance de quien quiera revisarlo y solicite información, no menos establece (art.15), que esto es parte de un proceso que se irá ampliando continuamente hasta tener accesible en red, efectivamente, toda la información producida en el aparato público, resultados y procedimientos. A través de un sistema de formularios digitales y de un sistema que en cada servicio involucra a series de encargados por área, la información es actualizada y se dispone a las eventuales consultas, de acuerdo a estrictos cronogramas de respuesta.

Pues bien, dos cuestiones sera necesario puntualizar aún, en esta descripción de contexto situacional, la primera es que no cabe duda que la probidad y la transparencia, no pueden estar circunscritas a la labor del Estado, sino que se trata de principios ético-conductuales, valores, al cabo, que debieran encontrarse a la base de las acciones de la sociedad toda y no solo de su gobierno. Así, la instalación de la Ley de transparencia en el aparato público, puede ser entendida como una “primera fase”, cuyo ejercicio fuera permeando al resto de la sociedad.

Por otra parte, aunque hasta ahora se ha utilizado con provecho la ley de transparencia, tanto para obtener alguna información “sensible”, fundamentalmente para ser utilizada con fines periodísticos y no cabe duda que su implementación ha significado un aporte importante a la transparencia interna de los servicios, aún no se han utilizado los instrumentos de los que esta ley dispone, para interactuar con el aparato del gobierno, desde una perspectiva decisional. Postulamos que un trabajo analítico continuo, sistemático y prolongado, con la información proveniente de las distintas reparticiones, que alimente un proceso de retroalimentación permanente, tendrá la virtud de destacar los elementos más sensibles de la toma de decisiones, incorporando a la sociedad civil en el proceso, a la vez que la capacita en su ejercicio.

4. Para concebir un simulacro (en la perspectiva de Pierre Lèvy)[1]

Ontología: Se trata de utilizar la Ley de Transparencia para “interactuar” con el aparato público y democratizar su función.

Epistemología: análisis sectorial de expertos, línea base informativa y seguimiento participativo.

Metodología: Observatorio de Política Pública, (POP) que centraliza y distribuye la información, la procesa y articula. Luego la publica en web, y redes sociales, promoviendo la elección de temas, la selección y la participación de la gente a todos los niveles. Resulta pertinente sugerir un proceso de votación en línea, sobre los temas que se vayan consolidando y depurando, dentro de una lógica de dinámicas de retroalimentación.

En una primera fase de instalación, se establece una red de expertos (caféxpert, cheap talks, construcción del relato) para determinar, a partir de la mirada de especialistas, cuales son los temas, encargados, objetivos, etc., que resultan sensibles y nos interesan y sobre los cuales se debe empezar a manejar información e incidir. Cada sector determina que áreas y funciones quiere que se presenten a indagación.

Un ejemplo piloto: Área Cambio Climático: UNSDC “Río + 20”… yes. (a suivre)

Rainer María.

[1] Les technologies de l´intelligence. Paris, La decouverte, 1990.